Mañueco encomienda a la zamorana Isabel Blanco la coordinación de todas las consejerías

Abarcaba ya un amplio abanico de competencias como consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y ahora la zamorana Isabel Blanco, con su nombramiento como vicepresidenta autonómica, acumula nuevas funciones derivadas de su nuevo cargo. El Boletín Oficial de Castilla y León publicó este martes el decreto en el que el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, especifica las nuevas tareas que asume Blanco Llamas, al margen del propio cometido etimológico de ser la segunda de abordo en el escalafón.

En el decreto se precisan esas encomendaciones a la política zamorana del PP tras la marcha de su antecesor en la Vicepresidencia, Juan García Gallardo (Vox). Además de la función obvia de representar a la Comunidad de Castilla y León en sustitución del presidente, la segunda tarea que pone Fernández Mañueco a Isabel Blanco es la de presidir la Comisión Delegada del Gobierno autonómico.

No es un trabajo menor, ya que esa comisión tiene como finalidad la coordinación de la actuación de los asuntos que afectan a varias consejerías. En el seno de esa comisión por la que pasan una docena de asuntos de calado Blanco tiene la última palabra y es la encargada de facilitar el estudio de esos asuntos conjuntos y la adopción de acuerdos sobre ellos.

Isabel Blanco descarta una ley LGTBI en Castilla y León

De forma específica, la Comisión Delegada del Gobierno de Castilla y León que a partir de ahora preside Blanco será la que conozca, previamente a su tramitación, los programas de inversión pública de carácter plurianual para su posterior aprobación por el Consejo de Gobierno de Castilla y León. También pasarán por sus manos los planes y programas autonómicos, tanto generales como sectoriales y los proyectos, las actuaciones estratégicas y "las operaciones significativas con implicaciones en el desarrollo económico de la Comunidad, con independencia del instrumento formal en el que se plasmen", según precisa el decreto por el que, en el año 2022 con el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox ahora roto, se creó esa comisión y se fijaron sus competencias.

Entre los doce cometidos específicos de ese órgano que preside Blanco Llamas también se menciona el conocimiento, antes de su tramitación, de los proyectos de disposiciones generales y anteproyectos de ley de incidencia económica, financiera, de desarrollo rural, tributaria, estadística o presupuestaria. Igualmente por esa comisión pasarán antes de su aprobación los programas operativos comunitarios, los programas de desarrollo rural y sus modificaciones, así como los planes estratégicos de subvenciones de las consejerías, organismos o entes regionales y las actuaciones u operaciones significativas sobre fuentes de financiación autonómica, especialmente las provenientes de la UE.

Los precios que apruebe el Consejo de Gobierno de la Junta, la creación, disolución o los cambios importantes en empresas públicas o fundaciones de la Junta o participadas por ella son otros asuntos trascendentes que pasarán por la comisión de Blanco, que también verá los acuerdos de personal con efectos significativos en los presupuestos autonómicos, los convenios de colaboración con implicaciones en el desarrollo económico regional y las convocatorias de ayudas reembolsables o de préstamos a proyectos empresariales.

La presencia en el Comité de las Regiones acentúa el perfil europeo de la zamorana

Además de presidir la Comisión Delegada del Gobierno autonómico, Isabel Blanco ostentará la representación de la Comunidad de Castilla y León en el Comité de las Regiones en ausencia del presidente, lo que acentuará el perfil europeo de la zamorana, ya que ese comité es un organismo consultivo europeo de representación de las instituciones locales y regionales de los 27 países europeos.

Por último, Blanco va a ser la representante de la Junta en la Fundación Castilla y León (antes denominada Fundación Villalar).

Una labor que llevaba a cabo la Vicepresidencia de la Junta y que con la reestructuración de carteras pasa ahora a manos de la Consejería de la Presidencia es la de coordinar la atención a víctimas del terrorismo y sus entidades asociativas. Igualmente, Presidencia asume las competencias autonómicas en Colegios Profesionales, Fundaciones y Asociaciones, así como la coordinación de las relaciones de la Junta con el Consejo Consultivo, el Procurador del Común y el Defensor del Pueblo y las medidas de racionalización y simplificación de procedimientos administrativos. Esos deberes, que de seguir el reparto anterior le corresponderías a Isabel Blanco, los asume ahora el consejero Luis Miguel González Gago "por razones de eficacia y racionalización organizativa", ya que es "aconsejable unificar en un mismo departamento las competencias que resultan conexas" con las que tiene atribuida la Consejería de la Presidencia, razona el decreto.

Suscríbete para seguir leyendo