Los Ayuntamientos con embalses y centrales hidroeléctricas reclaman que, a medida que vayan caducando las concesiones de los aprovechamientos hidroeléctricos, los nuevos concesionarios destinen "el 20% de los rendimientos" a los municipios afectados.
Además, lucharán porque se mantengan "y no se pierdan los ingresos consolidados" que perciben en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICEs) e IAE, y que en la provincia de Zamora suponen unos 2,5 millones de euros.
La caducidad de las concesiones hidroeléctricas -de 75 a 99 años- es una cuestión que preocupa a los alcaldes zamoranos y de todo el país. Temen que si las Confederaciones Hidrográficas o de la Administración pasan a gestionar los complejos, tras cumplirse el plazo otorgado, pueda darse una repercusión negativa en los ingresos municipales derivados de estas infraestructuras y que, en estos momentos, son la fuente primordial de los presupuestos locales y del mantenimiento de los pueblos.
La Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses dio a conocer en su reunión celebrada el pasado día 27 de marzo, Madrid, un informe jurídico relativo "a la prevención en los BICEs por posibles caducidades de concesiones y los acuerdos adoptados por la Federación para proteger los ingresos" elaborado por el asesor jurídico. A ella asistieron de representantes de ambas asociaciones de Zamora, presididas respectivamente por el alcalde Almaraz José Martín, y el alcalde de San Cebrián de Castro Javier Aguado, así como alcaldes de Villardeciervos, Mombey y Vega de Tera integrados en el Consejo Permanente o en la Comisión Ejecutiva.
En dicho documento, cuya ponencia corrió a cargo del asesor jurídico Javier Gonzalo Migueláñez, se pone de manifiesto que "si caduca una concesión y no se toman medidas alternativas se corre el riesgo de que no puedan ser recaudado el IBI-BICEs". Se hace un llamamiento a realizar una posición "uniforme para preservar siempre el impuesto que vienen ingresando los ayuntamientos, así como el impuesto de actividad económica (IAE).
Se pone de manifiesto que "hoy las presas y embalses pagan IBI-BICEs porque, pese a que el dominio público hidráulico gratuito estaría exento de tributar, no es así cuando existe una concesión y las empresas eléctricas concesionarias pagan un canon, lo que convierte a la explotación y las aguas en "no gratuitas", y por eso el Tribunal Supremo en sus sentencias accedió a nuestras peticiones de que las presas, saltos de agua y embalses debían pagar IBI, y desde la reforma de las leyes de Haciendas Locales y del Catastro Inmobiliario, como BICEs".
Ante el problema de la caducidad de las concesiones, la Asesoría jurídica propone una serie de medidas como "la necesidad de regular por Ley la participación de los ayuntamientos afectados por infraestructuras hidráulicas, y destinar el 20% de los rendimientos de la central hidroeléctrica a los ayuntamientos afectados", o que "en todo caso se mantengan y se lleven a cabo los planes de restitución recogidos en la Ley, siempre que se ejecuten obras de construcción, modificación o ampliación hidráulicas". También piden "la unificación de criterios en los planes hidrológicos de todas las cuencas, salvaguardando las formas de tributación propias de las Haciendas Locales", y se reafirman en que deben mejorarse las condiciones de la regulación de las actuales concesiones de agua para los ayuntamientos afectados".
Es de resaltar que en estas propuestas pesó mucho la posición de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) y de la Diputación de Huesca interesadas en participar en los beneficios de la explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos.
En dicha reunión hubo un recuerdo al que fuera alcalde de Villardiegua de la Ribera y presidente de la Asociación de Entidades Locales Afectada por Embalses y Centrales de Producción Hidroeléctrica, Silvestre Antonio Fernando, fallecido tras soportar una enfermedad.
Sobre la reversión de los saltos hidroeléctricos, en la reunión de la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales y Embalses se sacó a colación las propuestas legislativas respecto al uso y reserva de la energía en las concesiones administrativas por el uso del agua de producción hidroeléctrica. Es de resaltar la proposición de Ley presentada por Adelpa y defendida por el parlamentario Xavier de Pedro, donde se remarca el hecho de que la producción hidroeléctrica "se genera en zonas deprimidas, rurales y afectadas por la despoblación", pero cuya riqueza no tiene una repercusión significativa en dichos territorios. Además se repara en la demora administrativa que tiene lugar a la hora de tramitar los expedientes que, en casos, permite al concesionario seguir explotando el aprovechamiento más allá del plazo marcado.
La Asociación de Entidades Locales Afectada por Embalses y Centrales de Producción Hidroeléctrica de Zamora presentará mañan a los alcaldes, en la correspondiente asamblea, los contenidos de la reunión celebrada en Madrid.
